El 1 de marzo de 1940, el presidente español Francisco Franco dictó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. En su artículo número doce establecía la creación y composición de un Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público.