La Resolución 1932 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad el 29 de junio de 2010, acordaba prorrogar el mandato de varios magistrados del Tribunal Penal Internacional para Ruanda al mismo tiempo que se reafirmaba en la necesidad de procesar a los inculpados, algunos de ellos huidos de la justicia.