Por decreto presidencial de Don Guadalupe Victoria, expedido el 28 de marzo de 1825, todas las entidades federativas que no tuvieran escudo representativo distinto al impuesto por la Corona Española, tenían el derecho y obligación de elegir uno propio. Estas tierras del Nayar, olvidadas desde entonces de toda consideración política del gobierno central, sólo empezaron a tener una resonancia mínima hasta que fue Séptimo Cantón, distrito militar de Jalisco.