En el proceso de implantación sucesiva del modelo autonómico, las competencias sobre urbanismo se transfieren desde el estado a las comunidades autónomas. En ejercicio de esta atribución se promulga la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el objeto de regular íntegramente la actividad urbanística en la comunidad autónoma.